Medida C1.M1 Rehabilitación en barrios y entornos vulnerables
- Comentarios a la descripción de la medida
Se valora positivamente que la medida actúe a escala de barrio, ya que permite abordar de forma integrada pobreza energética, baja calidad edificatoria, vulnerabilidad social y regeneración urbana. No obstante, la descripción debería reforzar dos aspectos.;
Primero, que la rehabilitación financiada debe priorizar la reducción real de demanda energética y la sustitución efectiva de combustibles fósiles, evitando actuaciones que prolonguen el uso de gas, gasóleo, butano u otros combustibles fósiles.
Segundo, que el confort térmico debe abordarse tanto en invierno como en verano, dado el aumento de episodios de calor extremo.
Se propone incorporar una cláusula expresa de no perpetuación fósil, indicadores de reducción de energía final, energía primaria no renovable, emisiones y factura energética, así como mecanismos de seguimiento social del barrio antes y después de la intervención.
- Aportaciones al alcance y beneficiarios de la medida
El alcance debe priorizar barrios con una combinación acreditada de baja renta, baja eficiencia energética, alta dependencia de combustibles fósiles, sobreesfuerzo energético y exposición a temperaturas extremas. La delimitación no debería basarse únicamente en criterios urbanísticos o de Agenda Urbana, sino también en mapas de vulnerabilidad energética y climática.
Se propone que las oficinas de barrio tengan capacidad de identificación activa de hogares vulnerables, tramitación asistida, apoyo presencial y coordinación con servicios sociales municipales, entidades del tercer sector y administraciones locales.
- Aportaciones al presupuesto de la medida
La dotación de la medida es relevante, pero debería reservarse una parte específica del presupuesto para asistencia técnica, acompañamiento social, oficinas de barrio, diagnósticos energéticos, proyectos ejecutivos y seguimiento posterior. Sin este apoyo, existe el riesgo de que los fondos sean captados por entornos con mayor capacidad administrativa y no por los barrios más vulnerables.
Debería reservarse una partida para evaluación pública territorializada: número de hogares beneficiados, ahorro energético real, combustibles fósiles sustituidos, reducción de factura, mejora de confort y evolución social del barrio.
Medida C1.M2 Rehabilitación de edificios residenciales
- Comentarios a la descripción de la medida
La medida es adecuada porque permite intervenir en edificios residenciales con presencia de personas vulnerables, especialmente cuando la vulnerabilidad no se concentra en barrios delimitados. Sin embargo, debería formularse con mayor claridad que la rehabilitación integral no puede limitarse a mejoras parciales de envolvente, sino que debe orientarse a una reducción estructural de la demanda energética y a la descarbonización de los usos térmicos.
Se propone que las actuaciones financiadas excluyan la instalación o renovación de equipos térmicos alimentados con combustibles fósiles. También debería priorizarse la sustitución de calderas de gas, gasóleo o butano por soluciones renovables y eficientes, especialmente bombas de calor, redes térmicas renovables, autoconsumo compartido, almacenamiento y gestión de demanda.
La medida debería incorporar indicadores obligatorios de impacto: reducción de energía final, reducción de energía primaria no renovable, emisiones evitadas, equipos fósiles sustituidos, mejora de confort térmico y reducción de gasto energético.
- Aportaciones al alcance y beneficiarios de la medida
El alcance debe incluir edificios plurifamiliares y viviendas unifamiliares con hogares vulnerables, pero debe evitar que la existencia de propietarios no vulnerables bloquee actuaciones necesarias para hogares vulnerables. En comunidades de propietarios mixtas, las ayudas deberían cubrir la totalidad de la parte correspondiente a hogares vulnerables severos y facilitar mecanismos de financiación para evitar bloqueos por incapacidad económica.
Se propone incluir criterios de prioridad para edificios con baja calificación energética, sistemas térmicos fósiles, personas mayores, menores, personas con discapacidad, dependencia, familias monoparentales y hogares con dificultades para mantener temperatura adecuada en invierno o verano.
Las oficinas de rehabilitación deben actuar como mediadoras con comunidades de propietarios, administradores de fincas y servicios sociales.
- Aportaciones al presupuesto de la medida
La partida debe garantizar que la rehabilitación de edificios con hogares vulnerables no quede condicionada a la capacidad de adelantar recursos. Se propone que el presupuesto incluya anticipos, pagos directos, financiación puente y cobertura reforzada para los hogares vulnerables severos.
También debería reservarse una dotación para asistencia técnica y mediación comunitaria. La experiencia demuestra que una de las principales barreras en edificios plurifamiliares no es solo económica, sino también organizativa: acuerdos de comunidad, proyectos técnicos, licencias, tramitación, financiación y gestión de conflictos.
Se propone que la intensidad de ayuda aumente cuando las actuaciones logren mayores reducciones de demanda, eliminen combustibles fósiles, incorporen renovables compartidas o beneficien a un mayor porcentaje de hogares vulnerables. El presupuesto debería evaluarse no solo por ejecución económica, sino por impacto: hogares vulnerables rehabilitados, reducción de factura, energía fósil sustituida y confort térmico conseguido.
Medida C1.M3 Rehabilitación de viviendas
- Comentarios a la descripción de la medida
La medida es necesaria porque muchas situaciones de pobreza energética no podrán resolverse mediante rehabilitación integral de edificio, ya sea por dispersión territorial, falta de acuerdo comunitario, urgencia social o características de la vivienda. No obstante, debe evitarse que esta línea se convierta en un conjunto de pequeñas actuaciones paliativas sin transformación energética real.
Se propone que la medida priorice intervenciones individualizadas con impacto medible: mejora de envolvente interior cuando sea viable, protección solar, ventilación, sustitución de equipos fósiles, instalación de bomba de calor eficiente, autoconsumo individual o colectivo, solar térmica, monitorización y medidas de gestión de demanda. Debe abordarse explícitamente el confort de verano, especialmente en viviendas vulnerables expuestas a olas de calor.
La medida debería diferenciar claramente entre actuaciones de emergencia y actuaciones estructurales por etapas, asegurando que las primeras no sustituyan a rehabilitaciones más profundas cuando estas sean necesarias.
- Aportaciones al alcance y beneficiarios de la medida
El alcance debe dirigirse prioritariamente a hogares vulnerables que no pueden esperar a una intervención de edificio o barrio, incluidos inquilinos, personas mayores, hogares con menores, personas con discapacidad, dependencia, familias monoparentales y hogares afectados por temperaturas extremas o uso de combustibles fósiles caros e ineficientes.
Se propone permitir la intervención en viviendas en régimen de alquiler siempre que se garantice que el beneficio recae sobre la persona residente y que no se generan incrementos de renta injustificados. En estos casos, deberían exigirse compromisos mínimos de estabilidad residencial cuando se financien mejoras permanentes en el inmueble.
La selección de beneficiarios debería realizarse de forma activa, mediante servicios sociales, oficinas energéticas, entidades del tercer sector y administraciones locales, evitando que el acceso dependa exclusivamente de solicitudes digitales o de la capacidad administrativa de cada hogar.
- Aportaciones al presupuesto de la medida
La dotación de esta medida debería reforzarse o, como mínimo, protegerse frente a la posible absorción por otras líneas más fáciles de ejecutar administrativamente. Las intervenciones a escala de vivienda son esenciales para llegar a hogares vulnerables dispersos o con necesidades urgentes.
Sería conveniente reservar una partida específica para actuaciones frente al calor extremo, incluyendo protección solar, ventilación, refrigeración eficiente mediante bomba de calor y soluciones pasivas de bajo coste.
Medida C1.M4 Promoción de vivienda social
- Comentarios a la descripción de la medida
La promoción de vivienda social energéticamente eficiente es una medida estructural positiva, especialmente en un contexto de emergencia residencial. Sin embargo, debe garantizarse que esta línea no diluya el objetivo principal del Fondo Social para el Clima: reducir la exposición de hogares vulnerables al coste de los combustibles fósiles mediante medidas de impacto climático y social directo. El parque de vivienda nueva, tanto pública como privada puede conseguir hitos de total descarbonización de forma mucho más efectiva mediante el código técnico de edificación. Por lo tanto, consideramos que esta medida puede suponer una desviación de fondos climáticos a la creación de vivienda pública que debe hacerse con cargo a los PGE.
Los fondos del Plan deben priorizar, siempre que sea posible, la rehabilitación y reutilización de edificios existentes frente a nueva construcción, por razones de eficiencia material, menor impacto territorial y coherencia con la regeneración urbana. En todo caso, la vivienda social financiada debe ser para realojar a los moradores de viviendas de imposible rehabilitación y tener un estatus de protección permanente o de muy larga duración, construidas sin instalaciones térmicas fósiles, con alta eficiencia real, energías renovables, protección frente al calor y bajos costes de uso para los residentes.
La medida debería incorporar indicadores de viviendas antiguas sustituidas y viviendas de nueva construcción.
- Aportaciones al alcance y beneficiarios de la medida
Los beneficiarios deben ser hogares en situación de vulnerabilidad económica, residencial y energética sin posibilidad técnica de rehabilitación o cuyo coste aconseje una nueva construcción.
La medida debe coordinarse con la planificación municipal y autonómica, pero evitando que solo accedan municipios con mayor capacidad técnica. Debe preverse asistencia a ayuntamientos pequeños y medianos para identificar edificios reutilizables, suelo público, proyectos de rehabilitación y fórmulas de gestión social.
- Aportaciones al presupuesto de la medida
El presupuesto debe evitar sustituir financiación ordinaria de vivienda pública y debe demostrar impacto en la sutitución de hogares vulnerables afectados por pobreza energética de imposible rehabilitación. En cualquier caso. no debe ser la partida con mayor dotación pues esta deberia destinarse a la rehabilitación energética del parque residencial existente.
Medida C1.M5 Comunidades energéticas y colectivos de consumidores activos
- Comentarios a la descripción de la medida
La medida es muy positiva porque puede convertir las comunidades energéticas en herramientas locales contra la pobreza energética. No obstante, la obligación de destinar al menos un 10% de la energía o del ahorro a consumidores vulnerables no debería formularse solo como requisito, sino como una función social incentivada y acompañada.
Incorporar hogares vulnerables implica costes adicionales de identificación, mediación, gestión de datos, adaptación de estatutos o acuerdos internos, seguimiento y garantía de continuidad del beneficio. Si estos costes recaen exclusivamente sobre comunidades energéticas, cooperativas o asociaciones locales, muchas entidades pueden quedar disuadidas de participar.
Se propone que el Plan establezca incentivos progresivos: mayor intensidad de ayuda para proyectos con mayor porcentaje de beneficio social, financiación específica de la dinamización y gestión social, modelos de acuerdo tipo, acompañamiento jurídico y participación de ayuntamientos, servicios sociales u organizaciones del tercer sector.
- Aportaciones al alcance y beneficiarios de la medida
El alcance debe incluir comunidades de energías renovables, comunidades ciudadanas de energía, cooperativas, asociaciones, comunidades de propietarios, entidades locales y otros colectivos de consumidores activos con gobernanza democrática y beneficio local.
Los consumidores vulnerables deberían poder beneficiarse sin aportación económica inicial y sin necesidad de asumir cargas administrativas desproporcionadas.
Debería admitirse que el 10% social se canalice mediante convenios con ayuntamientos o entidades sociales que identifiquen beneficiarios con criterios públicos y transparentes.
- Aportaciones al presupuesto de la medida
La dotación de 300 M€ es relevante, pero insuficiente si se quiere conseguir el objetivo que el PNIEC establece para el autoconsumo. Además de una mayor dotación para proyectos de energía renovable, debe diseñarse para no quedar infraejecutada por falta de incentivos o exceso de complejidad. Se propone añadir presupuesto para compensar la producción destinada al 10% social y costes no estrictamente tecnológicos: dinamización comunitaria, identificación de hogares vulnerables, asistencia jurídica, adaptación estatutaria, gestión administrativa, acompañamiento social y verificación del ahorro.
También se recomienda financiar una línea de transferencia de información y capacitación dirigida a comunidades energéticas, OTC, cooperativas, ayuntamientos y servicios sociales, ya que muchas comunidades desconocen actualmente esta oportunidad.
Medida C1.M6 RED-ACTÚA
- Comentarios a la descripción de la medida
RED-ACTÚA es una medida esencial. Sin acompañamiento presencial, técnico y social, muchas ayudas no llegarán a los hogares vulnerables. La pobreza energética no se resuelve solo con convocatorias: requiere detección activa, confianza, tramitación asistida, coordinación con servicios sociales y seguimiento.
Se valora positivamente que la medida contemple ventanillas únicas, oficinas de rehabilitación, oficinas de transformación comunitaria, tercer sector y capacitación de profesionales de primera línea. Sin embargo, la descripción debería reforzar la capilaridad territorial, la atención presencial y la continuidad de las oficinas durante todo el periodo de ejecución.
También debe evitarse que RED-ACTÚA sea solo un canal informativo. Debe tener capacidad real para activar actuaciones: detectar hogares, tramitar ayudas, coordinar proyectos de rehabilitación, impulsar autoconsumo, conectar con comunidades energéticas y verificar resultados.
- Aportaciones al alcance y beneficiarios de la medida
El alcance debe incluir hogares vulnerables energéticos y de transporte, comunidades de propietarios con hogares vulnerables, comunidades energéticas, entidades locales, servicios sociales, tercer sector, OTC, oficinas de rehabilitación y profesionales de atención ciudadana.
Se propone que RED-ACTÚA tenga una red territorial mínima, con puntos fijos o itinerantes en barrios vulnerables, municipios rurales y zonas con brecha digital. En Cataluña, debería coordinarse con Generalitat, ICAEN, Agencia de la Vivienda, diputaciones, ayuntamientos, consejos comarcales y entidades sociales.
Los beneficiarios deben poder recibir atención presencial, telefónica y digital, pero nunca exclusivamente digital. La medida debe prever protocolos de derivación desde servicios sociales, atención primaria, entidades vecinales, oficinas de vivienda y comunidades energéticas.
- Aportaciones al presupuesto de la medida
La dotación prevista de 27 M€ parece insuficiente para una función que es crítica para el éxito del conjunto del componente de edificación. Si RED-ACTÚA no cuenta con recursos suficientes, las líneas de rehabilitación, vivienda, comunidades energéticas y actuaciones exprés pueden quedar infrautilizadas por los hogares más vulnerables.
Se propone incrementar sustancialmente el presupuesto o reservar en cada medida un porcentaje específico para acompañamiento técnico y social. RED-ACTÚA debería financiar personal estable, formación, oficinas territoriales, desplazamientos, materiales divulgativos, asistencia jurídica, apoyo a tramitación y seguimiento posterior.
También se propone que las bases exijan indicadores propios: hogares atendidos, ayudas efectivamente tramitadas, porcentaje de éxito, tiempo medio de tramitación, actuaciones activadas, hogares con bono social o ayudas energéticas regularizadas, comunidades energéticas acompañadas y reducción efectiva de vulnerabilidad.
Medida C1.M7 Proyectos piloto de intervención exprés en viviendas de vulnerables y proyectos de reforma energética en edificios de uso social y educativo
- Comentarios a la descripción de la medida
La medida es útil para responder con rapidez a situaciones de vulnerabilidad energética, especialmente cuando no es posible esperar a una rehabilitación integral. No obstante, debe evitarse que las intervenciones exprés se consoliden como sustituto de soluciones estructurales. Las actuaciones paliativas deben ser una puerta de entrada a itinerarios de rehabilitación, electrificación y mejora permanente.
Se propone priorizar sólo medidas de bajo coste con impacto comprobable en confort y factura: sellado de infiltraciones, protección solar, ventilación, iluminación eficiente, monitorización, sustitución de equipos ineficientes, bombas de calor, autoconsumo y soluciones pasivas frente al calor. En cualquier caso las medidas deben atenerse al principio de descarbonización.
En edificios sociales y educativos, la prioridad debe ser confort térmico, reducción de demanda, electrificación eficiente y renovables de forma que aseguren una reducción de las emisiones.
- Aportaciones al alcance y beneficiarios de la medida
El alcance debe centrarse en hogares vulnerables con necesidades urgentes, viviendas con mala calidad térmica, personas mayores, menores, personas con discapacidad, dependencia, hogares monoparentales y situaciones de riesgo por frío o calor extremo.
También se valora positivamente incluir edificios de uso social y educativo, especialmente escuelas, centros comunitarios, equipamientos de atención social, bibliotecas, centros de día y refugios climáticos. Estos edificios pueden actuar como infraestructuras sociales de adaptación climática si se rehabilitan correctamente.
Se propone que cada intervención exprés incluya diagnóstico simplificado, actuación inmediata y recomendación de itinerario posterior. Las actuaciones deberían ejecutarse preferentemente mediante equipos locales coordinados con servicios sociales, oficinas energéticas y ayuntamientos.
- Aportaciones al presupuesto de la medida
La dotación de 162 M€ puede ser útil si se orienta a actuaciones rápidas, medibles y replicables. Se propone reservar parte del presupuesto para evaluar qué soluciones generan mayor impacto por euro invertido en reducción de factura, confort térmico, salud y reducción de uso de combustibles fósiles.
En edificios sociales y educativos, se propone priorizar actuaciones que conviertan los equipamientos en espacios seguros frente a olas de calor y frío, especialmente en barrios vulnerables y municipios con menor capacidad financiera. La ejecución debería coordinarse con ayuntamientos y comunidades autónomas, evitando proyectos aislados sin mantenimiento posterior.
Otras medidas adicionales al Componente de Edificación del PSpC
- Observatorio público de impacto social y climático del PSpC
Se propone una medida de “Observatorio público de impacto social y climático del PSpC”. Su objetivo sería publicar datos territorializados y auditables sobre ejecución e impacto real. Indicadores mínimos: hogares vulnerables beneficiados, inversión por territorio, energía final ahorrada, energía primaria no renovable reducida, combustibles fósiles sustituidos, emisiones evitadas, reducción de factura, confort térmico, hogares sin adelanto económico, tiempos de tramitación, actuaciones en alquiler, impacto de comunidades energéticas y posibles efectos de gentrificación. Responsable: MITECO en coordinación con comunidades autónomas y entidades locales. Presupuesto: una dotación específica de seguimiento y evaluación dentro de la asistencia técnica del Plan.
2. Calificación energética mínima para alquilar
Se propone que, a través del Plan, se impulse un cambio regulatorio por el cual no podrán ser puestas en alquiler aquellas viviendas que no tengan una calificación energética mínima (calificación mínima E-D). Esta medida puede servir de palanca para que las medidas de rehabilitación lleguen también a los colectivos vulnerables que están en régimen de alquiler, pues el incentivo de los propietarios será mayor para realizar intervenciones en sus viviendas en alquiler.
Medida C2.M1 Movilidad rural (transporte a la demanda y movilidad compartida)
- Comentarios a la descripción de la medida
Se valora positivamente que el Plan reconozca la pobreza de transporte en zonas rurales y de baja densidad, donde la falta de alternativas al vehículo privado genera una vulnerabilidad estructural. El transporte a demanda, y los servicios itinerantes pueden ser instrumentos muy útiles si se diseñan como servicios públicos estables, integrados y accesibles, no como pilotos aislados o soluciones exclusivamente digitales.
La medida debería reforzar tres elementos.
Primero, la continuidad del servicio de transporte en zonas rurales y de baja densidad más allá de experiencias piloto.
Segundo, la integración con la red existente de transporte público, especialmente autobús interurbano, ferrocarril, transporte escolar y servicios sanitarios o sociales.
Tercero, la accesibilidad universal, incluyendo reserva telefónica, atención presencial o mediación local para personas mayores, con discapacidad o brecha digital.
En este marco, se considera especialmente relevante que la medida pueda incluir servicios de carsharing, motosharing o bicisharing de carácter local, comunitario, municipal o cooperativo,como medida para reducir la dependencia del vehículo privado en propiedad y mejorar el acceso de usuarios vulnerables a servicios esenciales.
No obstante, el carsharing financiado por el Plan debe cumplir con las siguientes condiciones: vehículos de cero emisiones, puntos de recarga asociados, coordinación con transporte público y transporte a demanda y coordinación con servicios municipales para atender a personas vulnerables o sin vehículo propio. Se propone incorporar indicadores de uso, ahorro económico para los usuarios, vehículos privados evitados, emisiones reducidas, usuarios vulnerables beneficiados y acceso efectivo a servicios esenciales.
- Aportaciones al alcance y beneficiarios de la medida
Los beneficiarios deben ser servicios de transporte a demanda, taxi rural integrado, minibuses flexibles y movilidad compartida local que permitan la conexión con nodos de transporte público. Se recomienda que ayuntamientos, consejos comarcales, diputaciones y comunidades autónomas puedan actuar como entidades coordinadoras, con participación de servicios sociales y entidades locales.
- Aportaciones al presupuesto de la medida
La dotación de 702 M€ es relevante, pero debe condicionarse a servicios con continuidad, evaluación y utilidad social comprobable. Se propone reservar una parte del presupuesto para planificación territorial, asistencia técnica a municipios pequeños, plataformas interoperables, atención no digital, campañas de información y evaluación de resultados.
El presupuesto debería priorizar gastos de operación durante un periodo suficiente para consolidar demanda, no solo inversión inicial. En territorios vulnerables, la barrera principal no siempre es adquirir vehículos o tecnología, sino sostener un servicio fiable, conocido y asequible.
Medida C2.M2 Transporte público asequible y accesible
- Comentarios a la descripción de la medida
Se valora positivamente que el Plan incluya transporte público asequible y accesible, ya que es una de las medidas con mayor capacidad para reducir pobreza de transporte, dependencia del vehículo privado, gasto en combustibles fósiles y emisiones. La medida acierta al vincular infraestructura reservada para autobús y Abono Único Social, pero debería reforzar la integración tarifaria, territorial y modal, especialmente incluir los servicios de transporte público de competencia autonómica o local.
Además el transporte público vulnerable no debe entenderse solo como descuento tarifario. Debe garantizar frecuencia, fiabilidad, accesibilidad física, cobertura territorial, información clara y conexión con oportunidades laborales, educativas, sanitarias y sociales. Una tarifa reducida no resuelve la pobreza de transporte si no existe servicio suficiente.
Se propone que la medida priorice corredores con alta dependencia del coche, reforzar zonas donde el transporte público sea deficiente, áreas metropolitanas con baja renta, barrios periféricos, polígonos de actividad económica y municipios con mala conectividad. También debería incorporar indicadores de cambio modal, usuarios vulnerables beneficiados, reducción de gasto en movilidad y mejora de tiempos de acceso.
- Aportaciones al alcance y beneficiarios de la medida
El Abono Único Social debería dirigirse a hogares de renta baja, jóvenes vulnerables, personas desempleadas, personas mayores, personas con discapacidad, familias monoparentales, personas cuidadoras y trabajadores con movilidad obligada. Debe ser sencillo, interoperable y válido en redes urbanas, metropolitanas e interurbanas.
La infraestructura reservada para autobús debe priorizar corredores donde pueda ofrecer una alternativa real al vehículo privado: carriles bus, prioridad semafórica, plataformas reservadas, mejora de paradas, accesibilidad universal, información en tiempo real y conexión con bici, caminar y transporte ferroviario.
Se propone incluir específicamente la movilidad a polígonos industriales, ya que muchos usuarios vulnerables tienen empleos con horarios y ubicaciones mal cubiertas por transporte público convencional.
- Aportaciones al presupuesto de la medida
La dotación de 964,8 M€ es adecuada si se orienta a medidas con impacto estructural y no solo a bonificaciones coyunturales. El presupuesto debería equilibrar apoyo tarifario con mejora real de servicio. Si se financian abonos sociales sin reforzar frecuencias, cobertura y fiabilidad, el impacto en cambio modal será limitado.
Se propone reservar recursos para integración tarifaria, interoperabilidad tecnológica, refuerzo de líneas con demanda social, mejora de corredores de autobús, accesibilidad universal y evaluación de impacto.
El presupuesto debería incluir criterios de equidad territorial: áreas metropolitanas vulnerables, municipios intermedios, periferias urbanas, zonas rurales conectadas a nodos comarcales y corredores laborales. La evaluación no debería medir solo títulos vendidos, sino nuevos usuarios, disminución del uso del coche y emisiones evitadas.
Medida C2.M3 Impulso a la movilidad activa
- Comentarios a la descripción de la medida
La movilidad activa es una medida esencial para una transición justa porque ofrece desplazamientos de bajo coste, cero emisiones, beneficios en salud y menor dependencia del vehículo privado. Se valora positivamente que el Plan incluya infraestructura ciclista y sistemas de bicicleta pública, incluidos modelos de larga duración para zonas menos densas.
No obstante, la descripción debería reforzar la seguridad, la continuidad de las redes y la conexión con destinos cotidianos. La infraestructura ciclista no debe limitarse a tramos aislados, sino formar redes directas, protegidas y conectadas con centros educativos, sanitarios, estaciones, barrios vulnerables, centros de trabajo y equipamientos públicos, sin olvidar la red interurbana o la connexión a políginos industriales y otros centros de trabajo.
- Aportaciones al alcance y beneficiarios de la medida
El alcance debe priorizar territorios vulnerables donde la bicicleta puedan sustituir desplazamientos cortos en coche. Los beneficiarios deben incluir hogares de renta baja, jóvenes, estudiantes, personas sin vehículo, trabajadores de proximidad, personas mayores y barrios con déficits de espacio público seguro.
Se propone financiar redes ciclistas protegidas, caminos escolares, itinerarios seguros a estaciones y paradas, sistemas de bicicleta pública, bicicletas eléctricas compartidas o de préstamo de larga duración, aparcamientos seguros y programas de formación. En zonas con pendientes, distancias medias o población envejecida, la bicicleta eléctrica puede ser clave. Sin olvidar las redes interurbanas.
También deberían admitirse actuaciones de urbanismo táctico o rápido cuando permitan mejorar seguridad y cambio modal a corto plazo, siempre que se consoliden con soluciones permanentes.
- Aportaciones al presupuesto de la medida
La dotación de 370,5 M€ parece limitada en relación con el potencial social, climático y sanitario de la movilidad activa. Se propone reforzarla o, como mínimo, asegurar que no quede subordinada a medidas de sustitución tecnológica de vehículos.
El presupuesto debería priorizar infraestructura segura y conectada en territorios vulnerables, no solo sistemas de bicicleta pública en ciudades con más capacidad administrativa. Se recomienda reservar fondos para municipios medianos y pequeños, conexiones interurbanas cortas y accesos a estaciones, institutos, centros sanitarios y polígonos.
La financiación debería cubrir diseño, ejecución, señalización, aparcamientos seguros, campañas de uso, formación ciclista, mantenimiento inicial y evaluación. Los indicadores deberían medir kilómetros útiles conectados, usuarios vulnerables beneficiados, reducción de desplazamientos en coche, accidentalidad, percepción de seguridad y reducción de emisiones.
Medida C2.M4 Impulso de la intermodalidad en el transporte público
- Comentarios a la descripción de la medida
Se valora positivamente que la medida impulse la intermodalidad entre bicicleta, vehículos de movilidad personal y transporte público, ya que puede ampliar el radio de acceso a estaciones y paradas, reducir desplazamientos en coche y abaratar la movilidad cotidiana de muchos usuarios vulnerables.
No obstante, se considera que la descripción actual de la medida resulta demasiado limitada respecto al propio título de “intermodalidad en el transporte público”. Tal como está formulada, la medida se centra casi exclusivamente en aparcamientos seguros para bicicletas y VMP y en la adaptación de material ferroviario para transportar bicicletas completas a bordo. Estas actuaciones son necesarias, pero no agotan las necesidades de intermodalidad de los usuarios vulnerables.
Se propone ampliar la medida para incluir también la conexión entre transporte a demanda, autobús, ferrocarril, bicicleta, VMP, carsharing social, movilidad compartida, lanzaderas laborales y servicios de proximidad. La intermodalidad socialmente útil no debe limitarse a la combinación bicicleta-tren, sino facilitar cadenas completas de desplazamiento asequibles, accesibles y bajas en emisiones.
- Aportaciones al alcance y beneficiarios de la medida
El alcance debería incluir estaciones ferroviarias, intercambiadores de autobús, paradas de alta demanda, nodos comarcales, aparcamientos de movilidad compartida, puntos de transporte a demanda, conexiones con polígonos industriales, hospitales, centros educativos, equipamientos públicos y servicios esenciales.
Se propone distinguir con mayor claridad entre los beneficiarios finales de la medida y los destinatarios directos de las ayudas. En una medida de inversión en infraestructura y material móvil, los usuarios vulnerables del transporte deben ser el colectivo objetivo y beneficiario final, pero los receptores directos de la financiación deben ser las administraciones, autoridades de transporte, gestores de infraestructuras, titulares de estaciones o paradas y operadores responsables de prestar el servicio.
Por ello, se propone que el Plan precise que podrán ser destinatarios directos de las ayudas las comunidades autónomas, entidades locales, autoridades metropolitanas de transporte, administradores de infraestructuras ferroviarias, gestores de estaciones, administraciones titulares de estaciones de autobús, titulares de vías donde se ubiquen paradas, operadores ferroviarios y operadores públicos o concesionales de transporte cuando sean responsables de ejecutar o gestionar las actuaciones.
Se propone que los criterios de selección de proyectos combinen titularidad y capacidad ejecutora del destinatario directo con impacto social sobre los beneficiarios finales: concentración de usuarios vulnerables, mejora de accesibilidad, reducción de viajes en vehículo privado, conexión con transporte público, seguridad, accesibilidad universal y reducción de costes de desplazamiento.
- Aportaciones al presupuesto de la medida
La dotación prevista para esta medida resulta muy reducida en comparación con la importancia estratégica de la intermodalidad. Si el objetivo es reducir la dependencia del vehículo privado, especialmente entre usuarios vulnerables, la intermodalidad debe recibir una financiación suficiente y no quedar restringida a actuaciones puntuales sobre bicicleta y ferrocarril.
Se propone aumentar la dotación de la medida para actuaciones intermodales. La movilidad rural, el transporte público asequible, la movilidad activa y los puntos de intercambio solo alcanzarán pleno impacto si se conectan entre sí.
El presupuesto debería cubrir infraestructura, señalización, accesibilidad universal, iluminación, seguridad, integración tecnológica, información al usuario, mantenimiento inicial y evaluación. Los indicadores deberían medir ocupación de aparcamientos, usuarios vulnerables beneficiados, conexiones intermodales creadas, reducción de viajes en coche, ahorro económico para los usuarios, mejora de tiempos de acceso y emisiones evitadas.
El presupuesto debería priorizar nodos con impacto social y potencial de cambio modal. Los indicadores deberían medir usuarios recurrentes, reducción de viajes en coche y emisiones evitadas.
Medida C2.M5 Puntos de intercambio para movilidad compartida
- Comentarios a la descripción de la medida
La medida puede ser útil para reducir costes de desplazamiento y ocupación ineficiente del vehículo privado en desplazamientos recurrentes, especialmente laborales. Sin embargo, su enfoque centrado en aparcamientos en la Red de Carreteras del Estado puede limitar el impacto si no se integra con la red de competencia autonomica, transporte público interurbano, nodos locales y planificación de movilidad al trabajo.
El coche compartido debe entenderse como medida de transición y eficiencia, no como sustituto de políticas de transporte público. Debe priorizarse allí donde no existan alternativas colectivas suficientes y siempre con conexión a autobús, ferrocarril, transporte a demanda o lanzaderas laborales.
- Aportaciones al alcance y beneficiarios de la medida
El alcance debería ampliarse más allá de la Red de Carreteras del Estado cuando sea necesario para conectar con municipios rurales, polígonos industriales, hospitales, universidades, centros logísticos, estaciones ferroviarias y nodos comarcales. Los puntos de intercambio deben formar parte de planes de movilidad al trabajo y estrategias locales o supramunicipales.
Se propone que los proyectos incluyan acuerdos con empresas, administraciones locales, operadores de transporte y plataformas de coche compartido no discriminatorias. Deben contemplarse alternativas para personas sin acceso digital, así como criterios de seguridad para mujeres, turnos nocturnos y colectivos vulnerables.
- Aportaciones al presupuesto de la medida
La dotación de 43 M€ es moderada y puede ser suficiente sólo si se seleccionan proyectos muy bien localizados y conectados con otras medidas. El riesgo es financiar aparcamientos infrautilizados si no existen acuerdos de uso, información al usuario y conexión con servicios de transporte.
Se propone condicionar la financiación a planes de explotación y seguimiento, no solo a obra civil. también integración con aplicaciones o canales de reserva, campañas con empresas, conexión peatonal y ciclista, y, cuando proceda, recarga eléctrica.
Los indicadores deberían incluir tasa de ocupación, número de usuarios recurrentes, vehículos evitados, ahorro económico por usuario, emisiones evitadas y conexión con transporte público. Debe evitarse financiar puntos que induzcan más tráfico o compitan con servicios colectivos existentes.
Medida C2.M6 Descarbonización del transporte por carretera
- Comentarios a la descripción de la medida
La descarbonización de flotas profesionales y autobuses públicos es necesaria, pero esta medida concentra la mayor parte del presupuesto de transporte y debe diseñarse con mucha precisión para no desplazar recursos de medidas que reducen estructuralmente la dependencia del vehículo privado.
La medida debería excluir vehículos de bajas emisiones que no sean cero emisiones conforme a la legalidad vigente (RDL 24/2021).
- Aportaciones al alcance y beneficiarios de la medida
El alcance en microempresas vulnerables se propone priorizar taxis, VTC vulnerables, reparto de última milla, transporte ligero profesional, pequeños transportistas, autobuses urbanos y interurbanos públicos y flotas vinculadas a servicios esenciales. Las ayudas deben ligarse a vehículos cero emisiones, infraestructura de recarga adecuada, optimización de rutas y formación.
- Aportaciones al presupuesto de la medida
La dotación de 2.269,6 M€ es muy elevada y representa más de la mitad del componente de transporte. Se propone mantener la medida solo con fuertes condiciones de impacto social y descarbonización real. No debe convertirse en un programa generalista de renovación de vehículos.
El presupuesto debería reservar una parte significativa a dotar de estaciones de recarga de autobuses públicos, puesto que la electrificación de flotas requiere de esta infraestructura de respaldo para ser viable.
Las ayudas a vehículos privados profesionales deberían condicionarse a achatarramiento, kilometraje profesional acreditado, reducción de emisiones y permanencia del vehículo en la actividad.
Se recomienda reforzar la asistencia técnica, pero también evaluar el coste por tonelada de CO₂ evitada y el beneficio social por euro invertido frente a otras medidas como transporte público, movilidad rural o activa. Si una parte del presupuesto no cumple criterios estrictos, debería reasignarse a medidas de cambio modal.
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Què és l’ETS2 – Guia per no perdre’s en el mapa del comerç d’emissions
