Interior de la sala osmótica de la desaladora de Tordera
Hace unas semanas llovió y los pantanos se llenaron un poco, pero ya vuelven a descender y los
meteorólogos en los telediarios abandonan la cara de felicidad. La cruda realidad es que a lo largo de la
década de 2010-20 a finales de agosto La Baells estaba casi siempre por encima del 90%. Estamos
a menos de la mitad. Aún no hemos superado la sequía y si la superamos no sabemos cuándo
volverá.
Limitándonos a tres grandes cuestiones podríamos decir que hemos construido una Cataluña con un
regadío con demasiadas pérdidas, una dejadez en la gestión forestal que chupa mucha agua menguante
los caudales de los ríos y un exceso de turismo con fuerte demanda de agua. Corregir estos grandes
temas pide años y años de políticas firmes que todavía no tenemos ni formuladas ni sabemos si
las tendremos. Pero agua potable necesitamos con urgencia para el día a día y por tanto parece
que en un contexto de cambio climático con más gente y menores precipitaciones disponer de
desalinizadoras será inevitable.
El coste de la desalinización es doble, la construcción de la planta y la energía para hacerla funcionar.
Por ejemplo, la nueva planta de La Tordera II se estima que costará unos 250.-M€ y generar
la electricidad para hacerla funcionar sin incrementar las emisiones de gases de efecto invernadero
pide una captación fotovoltaica de unas 200 hectáreas. Este campo fotovoltaico se podría
evaluar en 150.-M€ más, pero el problema no está tanto en el dinero como en conseguir las
hectáreas de terreno de proximidad. Una proximidad que puede ser fácilmente dentro de los 30 o 50 Km a
la redonda. El decreto de medidas urgentes contra la sequía ya previó por esta nueva
planta una captación de 100 MW p , pero parece que nadie se acuerda.
Con todo, el tema es algo más complicado, pues si bien con 200 Ha de fotovoltaica se obtendría
la electricidad suficiente para operar la desalinizadora, sobraría energía al mediodía y la planta no
podría funcionar de noche. Si el objetivo es trabajar con energía renovable y barata, la fotovoltaica
lo es claramente, pero sólo da servicio a las horas de sol. Aquí es donde entra en juego la
flexibilidad de la desalinizadora, es decir, poder adaptar el régimen de trabajo de la planta a la
disponibilidad de electricidad barata. Se hace evidente que cuando entramos en la lógica de la transición
energética cambian muchas cosas y también tendrán que cambiar los criterios técnicos de diseño de
las desalinizadoras.
Los ingenieros tendrán que evaluar diferentes posibilidades. Un extremo sería una desalinizadora
sobredimensionada que trabajara en régimen de autoconsumo flexible sólo en horas solares
(electricidad limpia y muy barata, pero con mayor inversión). Sin embargo, como no siempre hay
sequía y la planta puede estar mucho tiempo funcionando a medio gas, lo más razonable parece que
sería un diseño basado en el autoconsumo flexible de una captación fotovoltaica “propia” por años
“normales”, pero con capacidad de trabajar las 24 horas del día en períodos de sequía con
costes de energía más elevados.
En cualquier caso la capacidad de la instalación de adaptarse al precio de la electricidad se convierte en una
nueva virtud a tener en cuenta cuando el Govern encarga un proyecto. Cuando hay consumo
energético notorio, la flexibilidad de las instalaciones, sean públicas o privadas, se convierte en un activo
importante. La empresa privada ya lo ha captado y cuando compra una máquina lo tiene mucho en
cuidado, pero al sector público le cuesta más, ya que le resulta más fácil pensar a cuatro años vista
que a veinticinco.
En una política coherente y deseable de actuar con “recursos propios” el consumo energético no
solo se debe evaluar en dinero, sino también en hectáreas de suelo necesarias para la
captación solar. Si una comarca necesita desalinización, deberá poner sobre la mesa
terrenos para la captación de energía. Propios o “alquilados” en otros territorios.
