Ésta es una pregunta relevante ante las reticencias o, incluso, la oposición de los municipios pequeños a aceptar la instalación de plantas fotovoltaicas o parques eólicos en su término. Por lo general, se ve deseable que el propio municipio produzca la energía que necesita. El modelo que se considera adecuado a este objetivo sería el de placas solares en las cubiertas de los edificios, complementadas con huertos solares de dimensiones reducidas y, donde sopla el viento suficiente, algún aerogenerador de propiedad comunitaria. La impresión generalizada es que el consumo (per cápita) es muy inferior al de los núcleos grandes con actividades industriales intensivas en energía y que, por tanto, las ‘grandes’ instalaciones de energía renovable son una manifestación más de la subsidiariedad del mundo rural respecto al mundo urbano. Analícelo.
Consideramos, primero, la energía consumida ‘directamente’ por los hogares. Quiero decir esa energía que tiene asociada la factura correspondiente de gas, gasoil, leña o electricidad. La media de los hogares catalanes es de 3,1 MWh al año por persona. También pagamos los carburantes de quienes nos proveemos en una estación de servicio que, probablemente, estará situada en otro municipio. Son 4,6 MWh (por persona y año). A estos consumos debemos sumarle el gasto energético de servicios públicos o privados situados en el municipio. Dado que muchos de los servicios se encuentran en poblaciones más grandes (instituto, hospital, superficies comerciales, etc.), el consumo de energía del pueblo por este concepto será inferior al de la media de Cataluña (2,7 MWh). Hasta aquí sumamos alrededor de 10,4 MWh por persona y año, que trasladados a un municipio de mil habitantes significa instalar unos 6,5 MW de potencia fotovoltaica que ocuparía unas 11 ha o, alternativamente unos 5 MW eólicos (uno aerogenerador de 6 MW y unos 200 m de altura).
¿Es mucho? ¿Es poco? No hacemos aún valoraciones, que el cálculo no acaba aquí. De la misma forma que el municipio goza de servicios ‘de fuera’, la mayoría de los bienes que consume han sido producidos en alguna fábrica lejana desde donde deben transportarse hasta el pueblo. Nos hacemos, pues, la pregunta “¿A quién se debe imputar la energía que se ha gastado para fabricar y transportar estos corderos?” Nos referimos, por ejemplo, a la energía del gas que ha servido para cocinar el bote de legumbres; o en la del gasóleo que necesita el camión que los ha transportado; o, incluso, a la de la electricidad para producir el vidrio del envase. Esta energía que no pagamos directamente, sino que viene con los corderos que consumimos, se llama “energía gris” (indicando que pasa desapercibida) o, en inglés, “embedded energy” (que se encuentra ‘dentro’). El beneficiario de esa energía gris es el consumidor; por tanto, es a él a quien se le debe imputar. A efectos prácticos, la energía consumida por el sector industrial o por el sector del transporte debe repartirse de forma equitativa a cada ciudadano, tanto si vive cerca de una zona industrial como en una masía.
Ahora sí que estamos en condiciones de calcular el consumo de energía que debe imputarse a un municipio: será proporcional al consumo de todos los bienes y servicios de su población; por tanto, en una primera aproximación, será proporcional a su población. Situémonos, pues, en el horizonte del 2050 en el que se habrá completado la transición energética. Según la Generalitat, el conjunto del país necesitará 113 TWh (millones de MWh) de energía eléctrica (y 38 TWh de combustibles renovables). Esta cantidad es un 33% inferior a la energía primaria que consumimos actualmente, gracias a que las renovables y la electricidad son más eficientes que los combustibles fósiles y el uranio. Si repartimos esta energía proporcionalmente a la población, un municipio de mil habitantes consumirá 14.000 MWh de electricidad que pueden producirse con 8,8 MW de potencia fotovoltaica (que ocuparía unas 15 ha) o con 6,7 MW de potencia eólica. De hecho, para un municipio pequeño sería más, puesto que sus habitantes se ven obligados a desplazarse más y suelen vivir en casas unifamiliares con un consumo de calefacción mucho mayor que el de un piso. Por otro lado hay que considerar que cuando falte el sol o el viento, el municipio necesitará estirar de centrales de baterías y de la energía producida en otros lugares.
Aplicamos, ahora, el resultado a un municipio de tamaño medio; por ejemplo, una capital comarcal como Banyoles de 20.000 habitantes. Se necesitarían 300 ha de suelo para cubrir su demanda directa e indirecta de energía eléctrica, lo que equivale casi a tres veces el área que ocupa su estanque. ¿Podemos esperar que sea el mismo municipio quien lo resuelva?
Invitamos al lector a realizar sus propios cálculos teniendo en cuenta la población de su municipio (o comarca). Hecho el cálculo, el lector podrá valorar si el resultado es menor o mayor de lo que se pensaba. Para concluir: por favor, antes de oponerse a una instalación de energía renovable, haga este cálculo tan sencillo. Y después, hablemos de si debemos llamarlos macroproyectos.
