Si por algún motivo no pudiéramos tener más ingresos económicos en toda nuestra vida pero dispusiéramos de unos ahorros para ir tirando, lo primero que deberíamos hacer es un presupuesto anual que nos permitiera planificar cómo hacerlos durar en el tiempo y que no se acaben los ahorros antes de tiempo. Con este presupuesto en la mano podríamos ajustar nuestros gastos corrientes y calcular si podríamos o no realizar algunas inversiones como cambiar de coche, reponer algún electrodoméstico o ir de vacaciones. Obviamente si el presupuesto fuera más reducido nos tocaría prescindir de lo menos necesario, pero gracias al presupuesto sabríamos exactamente qué podríamos hacer y qué no. No hemos descubierto la sopa de ajo. Toda contabilidad de un bien finito necesita de un presupuesto para no encontrarse después de que has consumido hoy todo lo que necesitabas para mañana.
Pues he aquí que esto tan obvio no somos capaces de hacerlo a la hora de planificar cómo administramos las emisiones de efecto invernadero que todavía podemos seguir asomando a la atmósfera sin traspasar el umbral de seguridad de los 1,5ºC de calentamiento global , a partir de los cuales, los efectos pueden escapar de nuestro control y abocarnos a una crisis sin precedentes.
Los científicos ya realizaron su trabajo en 2015. A nivel global el presupuesto de carbono dice que no podemos verter más de 480 Gigatones de CO2. Los legisladores catalanes también realizaron su trabajo en 2017. La Ley del cambio climático catalana establece que debemos disponer de un presupuesto de carbono para Cataluña en períodos de 5 años y estar aprobados con una antelación de 10 años. Para ponerse al día con estos plazos, la Ley establece que el primer presupuesto 2021-2025 y el segundo 2026-2030 estuvieran vigentes a más tardar el 31 de diciembre de 2020. Y que el tercer presupuesto 2031-2035 fuera aprobado antes del 31 de diciembre de 2023.
Pues bien, quien no ha hecho su trabajo es el Gobierno. Aún no tenemos ninguno de los tres presupuestos que en estos momentos deberían estar vigentes, con el agravante de que el primero casi ya podemos ahorrarlo porque en breve el calendario lo habrá superado. Y con este retraso, ya ni el segundo ni el tercero disponen de 10 años vista para poder planificar las inversiones públicas necesarias y orientar las políticas hacia el objetivo fijado.
A menudo nos preguntamos cómo puede que Cataluña, que siempre ha sido un país emprendedor, que fue pionero en energía eólica y fotovoltaica en los años 70, ¿estamos ahora en la cola de Europa? Pues la respuesta seguramente está en que somos un país al que le encanta legislar pero nunca da cuentas del grado de cumplimiento de lo legislado. Y esa reflexión nos aboca a una nueva pregunta. ¿Las leyes que obligan al Gobierno no son de obligado cumplimiento? ¿No lo son ni cuando su incumplimiento nos aboca a una destrucción ambiental y económica sin precedentes? En nuestra casa, la factura de la inacción incluye: los daños del Gloria, las pérdidas agrícolas por sequía, los desastres por granizadas, inundaciones por aguaceros, destrozos por temporales marítimos y una mortandad de árboles en nuestros bosques como nunca se había visto. La suma de todo esto asciende ya a miles de millones y lo peor es que, a falta de una planificación basada en el presupuesto de carbono, que establezca topes de emisiones por cada sector, nuestras emisiones han seguido aumentando.
La Ley del cambio climático de 2017 es una buena ley pero, cinco años después, no se han desplegado sus instrumentos. Ni tenemos presupuesto de carbono, ni inventario de sumideros, que debía estar hecho antes del 2018, ni la fiscalidad sobre el CO2 que debía grabar las empresas según su grado de emisiones, que debía estar hecha como muy tarde en 2019, ni sabemos cómo se están – si lo están – desarrollando todas las medidas de tipo interno de los diferentes departamentos de la Generalitat que la Ley preveía, tanto de evaluación de planes y programas, como de planificación territorial, industrial, agrícola, como de rehabilitación energética de edificios públicos.
No, no lo sabemos, pero a la vista de los proyectos que están sobre la mesa (4art cinturón de BCN, ampliación del aeropuerto de El Prat, etc) está claro que nadie ya piensa en que estamos agotando el presupuesto de carbono que teníamos que administrar hasta 2050, momento en que nuestra sociedad ya debería haber hecho los deberes y convertirse en una sociedad sin emisiones.
Necesitamos urgentemente determinar el presupuesto de carbono de que dispone el país porque a partir de él, sabremos el presupuesto de carbono de cada sector, y podremos derivar el presupuesto de cada comarca, de cada ciudad y pueblo, e incluso podremos tener una referencia de cuál es el presupuesto de carbono que nos queda a cada uno de nosotros y tener una conciencia clara de si nuestro ritmo de vida está por encima de las posibilidades del planeta. Necesitamos un dato, una referencia que esté en boca de todos y que genere una mirada común de hacia dónde debemos ir como sociedad.
