Skip to main content

Cataluña es un país pequeño, con una gran densidad de población y que, por tanto, consume una gran cantidad de energía en relación a su superficie. La Ley del Cambio Climático de 2017, aprobada casi por unanimidad en el Parlament, aboga por la soberanía energética basada en energías renovables en el horizonte de 2050. Para alcanzar este doble objetivo se necesita mucho territorio, y no nos sobra. Pongamos dos números. El primero. Si toda la energía fuera fotovoltaica, necesitaríamos alrededor del 2% de la superficie de Cataluña. Quizás nos parece poco. Ahora bien, si tenemos en cuenta que los bosques, zonas inaccesibles o campos de regadío no son aptos, veremos que este 2% es un porcentaje considerable. Y ahí viene el segundo número. Un informe encargado por la Diputación en la Universidad de Girona concluye que sólo un 2’7% del conjunto de las comarcas gerundenses sería apta.
Conclusión: todas las comarcas de Cataluña deben contribuir significativamente a la producción de la energía que nos hace falta. El problema es que, en general, «el territorio» se opone. Por lo que se desprende del nuevo decreto sobre energías renovables, el Gobierno opta por ir de abajo hacia arriba: evaluar, primero, las necesidades de cada comarca y, después, su capacidad de producción. Las necesidades de las comarcas deficitarias (muy pobladas e industriales) se cubrirán con la aportación de las excedentarias, que recibirán a cambio compensaciones. Todo esto se negociará en el marco de la futura Mesa de Diálogo Social, que se guiará por el Plan Territorial Sectorial de las energías renovables. El problema que veo es cómo una comarca que necesita 1 kW para cubrir sus necesidades, aceptará instalar 20 kW para las necesidades foráneas. Tal y como ha ido hasta ahora, no parece que las comarcas quieran hacer cola a la hora de ofrecer su capacidad de producción excedentaria.
Si el problema que tenemos sobre la mesa es cómo produciremos los teravatios hora renovables que Cataluña necesitará en el horizonte del 2050, parece que el punto de partida de la planificación y la negociación debería ser la capacidad de producción de cada comarca y no el su consumo. Necesitamos un patrón para determinar esta capacidad. Contamos con dos principales recursos: el viento y la radiación solar. Tengamos en cuenta, también, que durante la pasada década, el coste de una instalación fotovoltaica ha disminuido drásticamente, lo que hace posible que, actualmente, todas las comarcas puedan contribuir a la soberanía energética del conjunto del país, y no sólo aquéllas con un buen recurso eólico. Propongo, pues, que el patrón sea la superficie apta para los parques fotovoltaicos con algún criterio corrector que evite que aquellas comarcas que disfrutan del beneficio de espacios naturales protegidos (“no aptos”, según el Decreto) contribuyan menos que aquellas que en disfrutan. Este patrón evita cargar injustamente, tal y como ha ocurrido hasta ahora, las comarcas con un buen recurso eólico. Estas comarcas podrían producir su cuota con aerogeneradores en vez de plantas fotovoltaicas. Creo que es una buena opción por dos razones. Primero, un parque eólico no necesita sitios tan planos como una fotovoltaica. Y segundo, la ocupación de territorio es mucho menor (1 aerogenerador de 5 MW, como los que se instalan actualmente, produce tanta energía como una planta fotovoltaica de entre 6 y 12 ha). Si la implantación es progresiva y equitativa, no debería dar lugar a agravios comparativos, ni a victimismos. Considero que es un buen escenario para desatascar el callejón sin salida actual. En cualquier caso, es necesario acelerar la implantación de las renovables corrigiendo los desajustes sobre la marcha, en lugar de decretar paros que sólo nos debilitan como país. Y es que voces autorizadas dicen que estamos haciendo tarde.