En Cataluña cada día utilizamos el equivalente a 55.000 barriles de petróleo para satisfacer nuestras necesidades.* Los combustibles fósiles (petróleo, gas, carbón, etc.) representan el 69% de todo nuestro consumo de energía primaria, aquella que una vez transformada nos permite movernos, calentarnos, cocinar, operar grandes fábricas y servicios públicos o producir electricidad. 

La crisis climática es consecuencia de este uso abusivo de combustibles fósiles. Este último verano hemos experimentado en primera persona sus efectos con una ola de calor sin precedentes que, combinada con una sequía prolongada, ha ocasionado graves pérdidas en la agricultura, sequías en bosques, riesgo extremo de incendios, reservas de agua en situación límite, el mar con temperaturas nunca vistas y más de 700 muertos. 

El Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) reclama reducir anualmente un 7,6% las emisiones de efecto invernadero para evitar la desestabilización profunda del clima y los ecosistemas. Pero la realidad es que el uso de combustibles fósiles se encuentra en su punto máximo, y que los tímidos compromisos internacionales nos aproximan peligrosamente a puntos de inflexión de los sistemas naturales que regulan el planeta y nos dirigen hacia un sobrecalentamiento global de 2,8 ºC. Nos encontramos en la etapa preliminar de lo que puede ser el mayor reto evolutivo de la especie humana y tenemos que hacer muchos preparativos. Por un lado, es indispensable el decrecimiento material y energético, así como un cambio integral de los estilos de vida actuales. Pero al mismo tiempo, no podemos posponer más la descarbonización del sistema energético: por ecología, por salud, por economía y por justicia social e intergeneracional (hacia nuestros descendientes). Tenemos que hacerlo todo y a la vez: decrecer el consumo de energía y cambiar radicalmente la forma de generarla.

Las energías renovables son nuestro principal aliado para afrontar la crisis climática, la crisis de precios de la energía y la contaminación atmosférica. Por desgracia, Cataluña se sitúa a la cola de Europa y de España en soberanía energética y energías renovables. Estamos muy lejos de países de dimensión similar a la nuestra como Bélgica o Dinamarca, que con menos sol tienen 6.000 y 8.000 MW de capacidad de producción fotovoltaica instalados; aquí solo tenemos 455 MW. En el ámbito español, las energías verdes progresan mucho más rápidamente, y ya en 2021 se generó un 46,7% de la electricidad con fuentes renovables. En Cataluña fue de tan solo el 17,5%. 

A pesar de este enorme retraso, el Gobierno de Cataluña se ha comprometido a hacer posible una sociedad neutra en carbono en 2050, reduciendo el consumo de energía un 41% respecto al año 2017 y obteniendo un 97,5% de toda la energía de fuentes renovables. Una de las soluciones propuestas es el autoconsumo mediante la implementación de medio millón de instalaciones fotovoltaicas en cubiertas y tejados, pero estas solo permitirán generar un 16% de la electricidad en 2050. Para llegar a los objetivos fijados, será preciso multiplicar por 33 la capacidad actual de producción solar y eólica en Cataluña.

En los últimos diez años, en Cataluña se han desestimado proyectos de renovables con una potencia de al menos 1.369 MW, que habrían permitido ahorrar más de 9,5 millones de toneladas de CO2. Uno de los motivos principales para la desestimación ha sido el impacto paisajístico y ambiental. Es innegable que existen incertezas sobre sus impactos en aspectos concretos de la biodiversidad, pero, tal como alertan las Naciones Unidas y el IPCC, cada décima de grado cuenta y las consecuencias de no hacer nada serán mucho más graves. Los impactos deben ser debidamente evaluados y regular su corrección y seguimiento, garantizando la aplicación de las mejores tecnologías y conocimientos existentes. Pero no pueden convertirse en el pretexto para prorrogar aún más la transición energética. Al ritmo actual, en tan solo 9 años agotaremos el presupuesto de carbono restante para mantener el calentamiento global en 1,5º C.

Centrales fotovoltaicas y parques eólicos —terrestres y marinos— deben pasar a formar parte de nuestro paisaje. Son imprescindibles para garantizar el suministro de energía a centros urbanos, industria o equipamientos esenciales (como hospitales, depuradoras, etc.). Solo con un aprovechamiento decidido del viento allí donde más sopla y del sol allí donde más irradia avanzaremos hacia el ineludible cambio que encaramos como civilización. Ahora tenemos el conocimiento y las capacidades para rebajar más de un 90% la mortalidad de aves y murciélagos en parques eólicos. Los parques eólicos y solares pueden convivir con las actividades agrícolas y ganaderas; y los parques eólicos en el mar pueden ser compatibles con el turismo y la conservación de la biodiversidad marina y de la pesca. La implicación —y por qué no, el liderazgo— local y el establecimiento de compensaciones entre las áreas proveedoras y receptoras de energía, deben asegurar que todas las instalaciones generan externalidades positivas en el territorio en forma de inversiones, puestos de trabajo, nuevos tributos, actuaciones de mejora ambiental, etc. Se calculan en cerca de 10.000 millones de euros los ingresos por tasas y alquileres que recibirán los ayuntamientos y los propietarios de terrenos con la implantación de energías renovables hasta el año 2050.

Las personas que apoyamos este manifiesto pedimos a las administraciones transparencia, participación y la aplicación del interés general en el desarrollo urgente de las energías renovables, y llamamos a toda la sociedad a un cambio cultural a favor de una rápida transición energética.

La magnitud de la crisis climática es demasiado grande como para restringir el despliegue de las energías renovables en tejados y terrenos marginales. El riesgo de colapso social y económico es demasiado grave como para no emprender la transición energética de manera inmediata y a gran escala. Es nuestro deber proveernos de energía con los recursos renovables al alcance y dejar de exportar los impactos de la producción de energía a otros lugares. Tenemos la obligación de crear un sistema energético cero emisiones en tiempo récord.

La transición energética no es una dicotomía entre un modelo centralizado de instalaciones controladas por un oligopolio de empresas versus un modelo distribuido de islas energéticas de participación comunitaria. El futuro de la energía es un modelo híbrido, donde convivirán comunidades energéticas locales con productores y consumidores que intercambian energía con un mercado energético de gran alcance regional e internacional. Tenemos el deber de acelerar la transición hacia una sociedad libre de carbono y alimentar la esperanza hacia la capacidad colectiva de combatir la crisis climática.

*Estimación hecha en base a las emisiones de CO2 equivaliendo de Cataluña según el inventario de la Oficina Catalana de Cambio Climático.
** Protocolo de seguimiento ambiental de parques eólicos terrestres (Ministerio de Transición Ecológica y Solidaria, 2018); Directrices de protección de los murciélagos en la homologación de aerogeneradores (Turingia, Alemania, 2015).