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Las organizaciones ambientales reclaman una Vicepresidencia para coordinar la transición ecosocial y la respuesta a la emergencia climática y de biodiversidad de Cataluña, con un fuerte presupuesto y capacidad ejecutiva transversal.

La emergencia climática y la pérdida de biodiversidad son los problemas más importantes que deberemos afrontar, de forma creciente, durante muchas generaciones . Sus impactos afectarán a un gran grueso de la población y, especialmente, a las personas que el sistema actual vulnerabiliza y pone en riesgo.

Pese a los numerosos informes internacionales, las Declaraciones de Emergencia Climática y las crecientes evidencias, que muestran una degradación sin precedentes de los hábitats, ecosistemas y procesos ecológicos que sustentan nuestro sistema económico y social, e incluso de la propia salud y supervivencia de las personas, la Generalitat no dispone de un liderazgo fuerte y central de la transición ecosocial y la respuesta a la emergencia climática, que permita a todas las políticas sectoriales. Esto lleva a políticas dispersas que siguen prioridades departamentales, en vez de políticas concentradas en una hoja de ruta de país que responda a los objetivos marcados por la evidencia científica*.

Tal y como ya hacen muchos gobiernos en el mundo (Francia, Australia, Grecia, Portugal o España), es necesario un mecanismo de coordinación que afronte la inaplazable transición ecosocial de sectores económicos clave (industria, energía, transportes, turismo, etc.). Es necesario un organismo transversal de máximo rango político, con un presupuesto fuerte, plenas competencias en materia ambiental y capacidad ejecutiva.

Tenemos por delante muchos años, décadas, prevención, adaptación y respuesta. Los impactos extremos son la nueva normalidad : sequías extremas, inundaciones, oleadas de calor, incendios devastadores, largos períodos de contaminación atmosférica, daños en infraestructuras, temporales… y debemos afrontarlo mientras adaptamos la economía, el territorio y los hábitos sociales hacia la sostenibilidad. Debemos preverlo con visión a décadas vista, por encima de urgencias a corto plazo de un departamento concreto.

Es imprescindible que el próximo gobierno la Generalidad disponga de una coordinación transversal de todas las políticas climáticas, de conservación de la naturaleza y de transformación socioeconómica con perspectiva de justicia global. Alentamos a los partidos políticos y, específicamente, a la próxima Presidencia de la Generalitat a concretar este mecanismo en una Vicepresidencia de Transición Ecosocial y Emergencia Climática .

Promueven la iniciativa:

Centro para la Sostenibilidad Territorial, C-Neutral 2050, Conservación.com, Ecoservicios, Federación Catalana de Voluntariado Social, Greenpeace, OIKIA, Asociación para la Promoción del Transporte Público, Renovémonos, Revo Prosperidad Sostenible, SEO/Birdlife, Teachers for Future Catalunya, Red para la Conservación de la Naturaleza, y Red por la Justicia Climática.

Contacto:

  • Sergi Nuss 615061688
  • Enric Pardo 635400550

*Los objetivos de la ciencia:

La humanidad agota en 7 meses los recursos naturales que la Tierra tarda un año en generar (EOD 2022).

Para permanecer dentro de los límites planetarios de la biosfera (SRC, 2023), es necesaria una respuesta conjunta a la actual emergencia climática y de pérdida de biodiversidad (IPBES e IPCC, 2021), y se han fijado dos grandes objetivos para el año 2030:

1) Restaurar el 30% de la naturaleza, para garantizar la capacidad de adaptación y resiliencia de los ecosistemas al cambio climático, el mantenimiento de servicios ecosistémicos primordiales (recarga de acuíferos, producción de alimentos, control de la erosión, captación de carbono, paisajes culturales…), para recuperar la biodiversidad en regresión y hacer efectivo el Pacto mundial 30×30.

2) Reducir un 43% las emisiones de CO2e respecto a 2019 a nivel global (IPCC 2023) para tener un 50% de posibilidades de limitar el calentamiento planetario a 1,5a C y evitar retroalimentaciones que aceleren el aumento de la temperatura y los riesgos asociados. En Cataluña, es necesaria una reducción del 5% anual desde 2020.